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conceptos del temario

Procedimiento laboral

Proceso de la jurisdicción social que conoce de las pretensiones de la rama social del Derecho, individuales y colectivas, sobre materias laborales y de Seguridad Social (art. 1 LRJS).

Fuentes oficiales citadas
3
Términos relacionados
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Ámbito de estudio: Justicia

También se conoce como: Proceso laboral

Definición completa

La Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), atribuye a los órganos del orden social las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluidas las materias laborales y de Seguridad Social, y las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades sobre esas materias (art. 1). El intento de conciliación o mediación previo es requisito para la tramitación del proceso (art. 63), con las excepciones del artículo 64, entre ellas los procesos de Seguridad Social, los relativos a vacaciones y a materia electoral.

Por qué importa para opositores

En el temario del orden social, el procedimiento laboral se estudia junto a la conciliación previa del artículo 63 LRJS. Cita la Ley 36/2011 para el ámbito del orden social y no lo confundas con el juicio civil.

Ejemplo práctico

Ejemplo hipotético: un trabajador reclama a su empresa cantidades pendientes de nómina. La pretensión pertenece a la rama social del Derecho y corresponde al orden social (art. 1 LRJS), tras el intento previo de conciliación (art. 63).

Preguntas frecuentes

¿Qué significa LRJS?

LRJS son las siglas de Ley reguladora de la jurisdicción social: la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE-A-2011-15936), en vigor desde el 11 de diciembre de 2011. Regula el ámbito y los procesos del orden social, no el derecho sustantivo de las relaciones laborales.

¿Qué procesos no necesitan conciliación o mediación previa?

El artículo 64 LRJS exceptúa, entre otros, los procesos que exigen agotar la vía administrativa, los de Seguridad Social, los de vacaciones y materia electoral, los de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, los monitorios, los de tutela de derechos fundamentales, los iniciados de oficio y los de impugnación de convenios colectivos. Su redacción vigente es de 20 de marzo de 2024.

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