Organismos autónomos

Es una categoría de entidad de derecho público con personalidad y patrimonio propios y autonomía de gestión, sometida a la dirección y controles de su Administración.

No. El artículo 98 prevé dirección estratégica, evaluación y control de eficacia por la Administración de la que dependen.

No. La Ley 40/2015 distingue categorías. Debe comprobarse la naturaleza jurídica y no solo el nombre de la entidad.

La Ley 40/2015 no da una lista cerrada: fija la categoría (artículo 98) y su hueco en la clasificación del sector público institucional estatal (artículo 84.1.a, junto a entidades públicas empresariales y agencias estatales). Cada organismo autónomo nace de su propia ley, que fija sus fines, su adscripción a un ministerio y sus estatutos. Un ejemplo verificado en el BOE: las Confederaciones Hidrográficas, que el artículo 22 del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) declara «organismos autónomos» con autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son confiados. Para una entidad concreta manda su norma de creación y sus estatutos, no el nombre.

Con dos comprobaciones. El artículo 98.3 de la Ley 40/2015 obliga a que todo organismo público con naturaleza jurídica de organismo autónomo lleve «organismo autónomo» o la abreviatura «O.A.» en su denominación; el artículo 103.3 hace lo mismo con «entidad pública empresarial» o «E.P.E.». Y por debajo del nombre, la norma de creación y los estatutos: una entidad puede llamarse agencia, instituto o servicio y pertenecer a otra categoría.

La financiación y el régimen de actividad. El organismo autónomo desarrolla actividades propias de la Administración (de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público) y depende de la AGE, que le marca la dirección estratégica, evalúa sus resultados y controla su eficacia (artículo 98). La entidad pública empresarial se financia con ingresos de mercado —salvo que sea medio propio personificado— y ejerce potestades administrativas junto a actividades prestacionales (artículo 103.1). Las dos son entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.