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2025 Justicia 1 anuladas

Examen de Auxilio Judicial 2025 resuelto

Cuadernillo oficial con la respuesta correcta de cada pregunta marcada según la plantilla definitiva. Acceso gratuito.

Este es el examen oficial de Auxilio Judicial celebrado en 2025. Contiene 104 preguntas (103 computables y 1 anuladas por el tribunal), cada una con su respuesta correcta señalada a partir de la plantilla definitiva publicada por Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes — Tribunal Calificador Único, Cuerpo de Auxilio Judicial (acceso libre).

100 preguntas (1-100) + 4 de reserva (101-104). Plantilla DEFINITIVA del Tribunal Calificador Único (Acuerdo de 22 de octubre de 2025). Pregunta 24 ANULADA por el Tribunal (estimada la alegación; sustituida por pregunta de reserva). correcta es índice 0-based (0=a,1=b,2=c,3=d) verbatim de la plantilla definitiva; -1 en la anulada.

Descarga el examen oficial

PDF original de Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes — Tribunal Calificador Único, Cuerpo de Auxilio Judicial (acceso libre): el cuadernillo de preguntas y la plantilla definitiva de respuestas, tal y como los publicó el organismo.

Fuente oficial

Organismo
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes — Tribunal Calificador Único, Cuerpo de Auxilio Judicial (acceso libre)
Convocatoria
OEP 2024 — Orden PJC/1437/2024, de 3 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 2024)
Fecha del examen
27 de septiembre de 2025

Documento de dominio público (artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). Para fechas, plazas y resultados oficiales consulta siempre la fuente del organismo convocante.

104 preguntas con respuesta

  1. 1

    El artículo 65 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, establece que transcurridos treinta días sin haberse celebrado el acto de conciliación:

    • A Se prorroga automáticamente el plazo por otros treinta días más.
    • B El Tribunal podrá prorrogar el plazo por otros quince días más.
    • C El Letrado/a de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo por otros quince días más.
    • D Se tendrá por cumplido el trámite. Correcta
    Por qué

    El artículo 65.2 de la Ley 36/2011 dispone que transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin haberse celebrado el acto de conciliación, o sin haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. Por eso la opción 3 es la correcta: el transcurso del plazo sin acto equivale al cumplimiento del requisito, no a una prórroga. Las opciones 0, 1 y 2 inventan prórrogas (automática de 30 días, o de 15 a instancia del Tribunal o del Letrado de la Administración de Justicia) que la ley no contempla.

  2. 2

    ¿Cuál es el requisito necesario para demandar en materia de prestaciones de la Seguridad Social, de conformidad al artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social?

    • A Solicitud de informe pericial ante la Entidad gestora de las mismas.
    • B Reclamación administrativa previa. Correcta
    • C Conciliación previa ante el SMAC.
    • D Mediación previa ante el SMAC.
    Por qué

    El artículo 71.1 de la Ley 36/2011 exige, para demandar en materia de prestaciones de Seguridad Social, haber agotado la vía administrativa previa interponiendo la reclamación correspondiente ante la Entidad Gestora o Servicio Común competente. Por eso la opción 1 (reclamación administrativa previa) es la correcta. No se exige informe pericial, ni conciliación ni mediación ante el SMAC: en el orden social la conciliación previa solo es requisito cuando la demanda no se dirige contra una Administración Pública ni versa sobre Seguridad Social.

  3. 3

    De acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ¿cuál es el plazo para presentar la demanda cuando se ha agotado la vía administrativa frente a una Administración Pública en un procedimiento no sujeto a plazo de caducidad?:

    • A Quince días.
    • B Veinte días.
    • C Treinta días.
    • D Dos meses. Correcta
    Por qué

    El artículo 69.2 de la Ley 36/2011 fija el plazo para presentar la demanda en dos meses desde la notificación de la resolución que agote la vía administrativa, o desde el día en que se entienda desestimada por silencio, en los procedimientos no sujetos a plazo de caducidad. Por eso la opción 3 es la correcta. Los plazos de quince, veinte o treinta días de las demás opciones no son los que la norma establece para el agotamiento de la vía administrativa frente a una Administración Pública.

  4. 4

    El artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, dispone que en los procesos de impugnación de altas médicas el plazo para presentar demanda judicial, tras la denegación de la reclamación previa, será de:

    • A Veinte días. Correcta
    • B Treinta días.
    • C Once días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación.
    • D Siete días, desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo.
    Por qué

    El artículo 71.6 de la Ley 36/2011 establece que en los procesos de impugnación de altas médicas el plazo para presentar la demanda, tras la denegación de la reclamación previa, es de veinte días naturales. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1 (treinta días), 2 (once días desde la notificación) y 3 (siete días desde el silencio) no se corresponden con el plazo legal, que es un plazo más breve que el general precisamente por la urgencia del alta médica.

  5. 5

    ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia en un procedimiento por despido, según el artículo 97 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social?

    • A Veinte días.
    • B Diez días.
    • C Cinco días. Correcta
    • D Se dictará oralmente en el mismo acto del juicio, debiendo documentarse en el acta, de la que se dará traslado a las partes en el plazo de diez días.
    Por qué

    El artículo 97.1 de la Ley 36/2011 dispone que la sentencia en los procesos por despido se dictará en el plazo de cinco días desde la celebración del juicio. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0 (veinte días) y 1 (diez días) no son los plazos legales, y la opción 3 (sentencia oral en el acto) no es lo que dispone la norma para el despido, que exige sentencia escrita y motivada dentro del plazo de cinco días.

  6. 6

    El artículo 81 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, establece que se advertirá a la parte de los defectos en la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de:

    • A Tres días.
    • B Cuatro días. Correcta
    • C Cinco días.
    • D Siete días.
    Por qué

    El artículo 81.1 de la Ley 36/2011 prevé que, cuando la demanda adolezca de defectos, se advertirá a la parte para que los subsane en el plazo de cuatro días. Por eso la opción 1 es la correcta. Los plazos de tres (opción 0), cinco (opción 2) o siete días (opción 3) no son los que fija la norma para la subsanación de la demanda en el orden social.

  7. 7

    ¿Qué trabajadores están expresamente exceptuados del derecho de sindicación conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical?

    • A Funcionarios en prácticas.
    • B Policías locales.
    • C Miembros de las Fuerzas Armadas. Correcta
    • D Son correctas las respuestas b) y c).
    Por qué

    El artículo 1.3 de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical exceptúa del derecho de sindicación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar, así como a los Jueces, Magistrados y Fiscales, que se regirán por su normativa específica. Por eso la opción 2 es la correcta. Los funcionarios en prácticas y los policías locales no están exceptuados: los funcionarios públicos sí tienen derecho de sindicación (art. 1.2), y la opción 3 (que combina respuestas) tampoco es correcta porque solo la opción 2 lo es.

  8. 8

    Según el artículo 4 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser de, al menos:

    • A Cinco días naturales.
    • B Cinco días hábiles.
    • C Diez días naturales. Correcta
    • D Diez días hábiles.
    Por qué

    El artículo 4 del Real Decreto-ley 17/1977 exige, cuando la huelga afecte a empresas encargadas de servicios públicos, un preaviso al empresario y a la autoridad laboral de, al menos, diez días naturales antes de su comienzo. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de cinco días (opciones 0 y 1) no alcanzan el mínimo legal, y la referencia a días hábiles (opciones 1 y 3) es incorrecta porque el preaviso de huelga se computa en días naturales.

  9. 9

    Conforme al artículo 35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de treinta trabajadores:

    • A Habrá dos Delegados de Prevención que serán elegidos por el Comité de Empresa.
    • B Habrá dos Delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los Delegados de Personal.
    • C Habrá un Delegado de Prevención que será elegido por el Comité de Empresa.
    • D El Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. Correcta
    Por qué

    El artículo 35.3 de la Ley 31/1995 dispone que en las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. Por eso en una empresa de treinta trabajadores la opción 3 es la correcta: la condición de Delegado de Prevención recae sobre el Delegado de Personal. Las opciones 0, 1 y 2 describen supuestos de empresas con más trabajadores o formas de elección que no corresponden a este tramo (por ejemplo, en empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención elegido por y entre los Delegados de Personal).

  10. 10

    ¿Cuál es el crédito de horas mensuales retribuidas del que dispone un Delegado de Personal en una unidad con 320 funcionarios, con arreglo al artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?

    • A 15 horas.
    • B 20 horas.
    • C 30 horas. Correcta
    • D 35 horas.
    Por qué

    El artículo 41.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP) fija el crédito horario mensual retribuido según el número de representantes y el tamaño de la unidad: en unidades de 251 a 500 funcionarios, a cada Delegado de Personal le corresponden 30 horas mensuales. Por eso en una unidad con 320 funcionarios la opción 2 es la correcta. Las opciones 0 (15 horas) y 1 (20 horas) corresponden a unidades de hasta 100 y de 101 a 250 funcionarios respectivamente, y la opción 3 (35 horas) supera el máximo de este tramo.

  11. 11

    De acuerdo con el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántos días de permiso le corresponden a un funcionario público por la hospitalización de su hermana, si el suceso se produce en la misma localidad a la de su residencia habitual?

    • A Dos días.
    • B Tres días.
    • C Cuatro días. Correcta
    • D Cinco días.
    Por qué

    El artículo 48.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP) concede, por hospitalización de un familiar en segundo grado de consanguinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produce en la misma localidad de la residencia habitual del funcionario, y ocho días hábiles cuando es en distinta localidad. La hermana es familiar en segundo grado de consanguinidad, así que en la misma localidad corresponden cuatro días: opción 2 correcta. Dos, tres o cinco días no son los plazos que fija la norma para este supuesto.

  12. 12

    Según el artículo 508 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los funcionarios en situación de servicios especiales:

    • A Seguirán percibiendo las retribuciones del puesto que ocupaban en servicio activo, a excepción de los trienios.
    • B No podrán permanecer en esta situación más de tres años.
    • C En ningún caso podrán asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales mientras permanezcan en esta situación. Correcta
    • D Tendrán derecho a reserva del puesto desempeñado al menos tres años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad.
    Por qué

    El artículo 508 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) regula la situación de servicios especiales de los funcionarios de la Administración de Justicia y dispone que, en ningún caso, podrán asesorar pericialmente a los órganos jurisdiccionales mientras permanezcan en dicha situación. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 3 no se ajustan al régimen legal: no hay un límite de tres años general ni una reserva de puesto condicionada a tres años en los términos que se describen, y el régimen retributivo de los servicios especiales no es el que expone la opción 0.

  13. 13

    El artículo 38 del Real Decreto 796/2005, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, establece que la duración del procedimiento disciplinario no excederá de:

    • A Dieciocho meses.
    • B Doce meses. Correcta
    • C Nueve meses.
    • D Seis meses.
    Por qué

    El artículo 38 del Real Decreto 796/2005, que aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, establece que la duración del procedimiento disciplinario no excederá de doce meses. Por eso la opción 1 es la correcta. Los plazos de dieciocho (opción 0), nueve (opción 2) y seis meses (opción 3) no son los que fija la norma para la duración máxima del procedimiento.

  14. 14

    Según el artículo 60 del Real Decreto 1451/2005, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, ¿en qué plazo máximo deberán efectuarse los nombramientos para puestos de trabajo por el sistema de libre designación una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes?

    • A Tres meses, prorrogables hasta dos meses más.
    • B Dos meses, prorrogables hasta un mes más. Correcta
    • C Dos meses, prorrogables hasta dos meses más.
    • D Tres meses, prorrogables hasta un mes más.
    Por qué

    El artículo 60.1 del Real Decreto 1451/2005 dispone que los nombramientos para puestos de trabajo provistos por el sistema de libre designación deberán efectuarse en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, prorrogable por un mes más. Por eso la opción 1 es la correcta. Las combinaciones de tres meses (opciones 0 y 3) o de prórroga de dos meses (opciones 0 y 2) no se corresponden con lo dispuesto en el Reglamento.

  15. 15

    De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, la inscripción de la pérdida de la nacionalidad tendrá carácter:

    • A Meramente declarativo. Correcta
    • B Constitutivo.
    • C Declarativo si la pérdida es voluntaria, y constitutivo si es automática.
    • D Constitutivo si la pérdida es voluntaria, y declarativo si es automática.
    Por qué

    El artículo 68.1 de la Ley 20/2011 del Registro Civil dispone que la inscripción de la pérdida de la nacionalidad tendrá carácter meramente declarativo: la pérdida se produce con independencia de la inscripción, que se limita a darle publicidad. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1, 2 y 3 atribuyen a la inscripción carácter constitutivo (total o parcialmente), lo que contradice el texto legal, que expresamente la califica de meramente declarativa.

  16. 16

    Según el artículo 58 bis de la Ley 20/2011, del Registro Civil, en los matrimonios religiosos celebrados por confesiones con notorio arraigo, ¿cuál es el plazo máximo para prestar el consentimiento matrimonial tras la emisión del acta o expediente previo de capacidad?

    • A Dieciocho meses.
    • B Doce meses.
    • C Seis meses. Correcta
    • D Tres meses.
    Por qué

    El artículo 58 bis.2 de la Ley 20/2011 del Registro Civil establece, para los matrimonios celebrados en forma religiosa por confesiones con notorio arraigo, que el consentimiento matrimonial deberá prestarse dentro del plazo máximo de seis meses desde la emisión del acta o del expediente previo de capacidad. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de dieciocho (opción 0), doce (opción 1) o tres meses (opción 3) no son los que fija la norma.

  17. 17

    Según el artículo 5 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el registro individual?

    • A El registro individual se abrirá siempre con la inscripción de nacimiento.
    • B Se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique. Correcta
    • C A cada registro individual se le asignará un código personal constituido por una secuencia numérica.
    • D En el registro individual se inscribirán exclusivamente los hechos relacionados con el nacimiento y el matrimonio.
    Por qué

    El artículo 5 de la Ley 20/2011 del Registro Civil dispone que cada persona tendrá un registro individual, que se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique. Por eso la opción 1 es la correcta. No se abre siempre con la inscripción de nacimiento (opción 0), porque puede abrirse con otro asiento; el código del registro individual no es una mera secuencia numérica (opción 2, además el sistema de códigos se remite a la ley y su desarrollo), y el registro individual no se limita a nacimiento y matrimonio (opción 3), pues recoge todos los hechos inscribibles relativos a la persona.

  18. 18

    De conformidad con el artículo 10 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la competencia para solicitar una inscripción?

    • A Las inscripciones solo pueden practicarse en la Oficina del Registro Civil correspondiente al lugar donde ocurrieron los hechos.
    • B Si los hechos ocurren en el extranjero, la inscripción únicamente puede hacerse en la Oficina Consular.
    • C Las inscripciones pueden solicitarse en cualquier Oficina General del Registro Civil, con independencia del lugar de los hechos. Correcta
    • D El acceso a la información del Registro Civil solo puede realizarse presencialmente en la oficina competente.
    Por qué

    El artículo 10.1 de la Ley 20/2011 del Registro Civil establece que la solicitud de inscripción y su práctica se podrán efectuar en cualquiera de las Oficinas Generales del Registro Civil, con independencia del lugar donde se produzcan los hechos o actos inscribibles. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0 y 1 imponen restricciones territoriales que la ley no establece (si los hechos ocurren en el extranjero la inscripción se practica en la Oficina Consular, pero también puede solicitarse en cualquiera de las Oficinas Generales), y la opción 3 es falsa porque el acceso a la información también puede solicitarse por medios electrónicos (art. 10.2).

  19. 19

    ¿Cuál es el plazo máximo para que el letrado de la Administración de Justicia remita la resolución judicial firme de divorcio al Registro Civil, conforme al artículo 61 de la Ley 20/2011, del Registro Civil?

    • A En el plazo de tres días hábiles desde la notificación a las partes.
    • B Dentro de los cinco días naturales tras dictarse la resolución.
    • C El mismo día o al siguiente hábil desde que se dicta la resolución firme. Correcta
    • D No existe un plazo legalmente establecido, basta con que se remita antes de la inscripción.
    Por qué

    El artículo 61 de la Ley 20/2011 del Registro Civil dispone que el Letrado de la Administración de Justicia remitirá al Registro Civil la resolución judicial firme de divorcio en el mismo día o al siguiente día hábil desde que se dicte. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de tres días hábiles (opción 0), cinco días naturales (opción 1) y la ausencia de plazo (opción 3) no se corresponden con el mandato legal, que es inmediato.

  20. 20

    ¿Ante quién prestan juramento los Jueces de Paz, según el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial?

    • A El Pleno del Ayuntamiento.
    • B La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
    • C El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
    • D El Juez de Primera Instancia e Instrucción. Correcta
    Por qué

    El artículo 101.5 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que los Jueces de Paz prestarán juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción. Por eso la opción 3 es la correcta. No juran ante el Pleno del Ayuntamiento (opción 0), ni ante la Sala de Gobierno (opción 1) ni ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (opción 2); la norma designa expresamente al Juez de Primera Instancia e Instrucción como receptor del juramento.

  21. 21

    De acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma conocerá en única instancia:

    • A La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Correcta
    • B La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
    • C La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
    • D La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
    Por qué

    El artículo 67 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) atribuye a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el conocimiento, en única instancia, de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. Por eso la opción 0 es la correcta. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (opción 1) conocería en casación, y las Salas de lo Contencioso-Administrativo (opciones 2 y 3) no son las competentes para conflictos colectivos laborales.

  22. 22

    ¿Qué órgano judicial es competente para conocer de la solicitud del Gobierno para la revocación de los acuerdos de explotación de redes, conforme al artículo 58 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial?

    • A La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Correcta
    • B La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
    • C La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
    • D El Tribunal Constitucional.
    Por qué

    El artículo 58 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), en el apartado añadido por la Ley Orgánica 5/2022, atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el conocimiento de la solicitud del Gobierno para la revocación de los acuerdos de explotación de redes. Por eso la opción 0 es la correcta. No es competente la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (opción 1), ni la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (opción 2), ni el Tribunal Constitucional (opción 3), que conoce de otras materias (recurso de amparo, inconstitucionalidad y conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA).

  23. 23

    Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿qué Salas integran el Tribunal Superior de Justicia?

    • A De lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de Apelación.
    • B De lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Correcta
    • C De lo Civil, de lo Penal, y de lo Social.
    • D De lo Civil, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de Apelación.
    Por qué

    El artículo 72.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que el Tribunal Superior de Justicia se integra por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Por eso la opción 1 es la correcta. No existe una Sala de lo Penal separada (opción 0) ni una Sala de Apelación (opciones 0 y 3): lo civil y lo penal forman una única Sala, como precisa la norma.

  24. 24

    ¿Quién velará por que el ciudadano que sea víctima de un delito sea protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales, según la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia?

    Anulada
    • A Los Jueces y Tribunales, así como todos los funcionarios que cooperan con la Administración de Justicia.
    • B Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Auxilio Fiscal.
    • C Los Jueces y Magistrados, así como todos los funcionarios e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
    • D Las autoridades y funcionarios.
    Por qué

    Esta pregunta fue ANULADA en la plantilla definitiva. La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en el bloque de protección de las víctimas, dispone que los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal, velarán por el derecho de la víctima a ser protegida frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada. Ninguna opción reproduce ese texto: la 0 y la 2 hablan de todos los funcionarios o instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, la 1 contiene un error material (Ministerio Auxilio Fiscal), y la 3 se refiere a las autoridades y funcionarios en general. Al no coincidir ninguna con la literalidad de la Carta, la pregunta se anuló y todas las respuestas se dieron por válidas.

  25. 25

    ¿Quién elaborará un programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales conforme a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia?

    • A El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Correcta
    • B La Comisión de Justicia e Interior, a través del Consejo General del Poder Judicial.
    • C El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
    • D El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior.
    Por qué

    La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en el bloque de la justicia ágil y tecnológicamente avanzada, dispone que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial elaborarán un programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión pública. Por eso la opción 0 es la correcta. Ni la Comisión de Justicia e Interior (opción 1), ni las Comunidades Autónomas (opción 2), ni el Congreso (opción 3) aparecen en la Carta como autores de ese programa.

  26. 26

    La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia recoge que, en todo caso, el ciudadano tiene derecho a recibir respuesta a una queja relativa al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia dentro del plazo de:

    • A Diez días.
    • B Quince días.
    • C Un mes. Correcta
    • D Dos meses.
    Por qué

    La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en el bloque de la justicia responsable ante el ciudadano, reconoce el derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias por el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia y a recibir respuesta con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de diez días (opción 0) y quince días (opción 1) no aparecen en la Carta, y la opción 3 (dos meses) la supera.

  27. 27

    De acuerdo con la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones contengan términos:

    • A Jurídicos precisos, evitándose las ambigüedades y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación.
    • B Jurídicos sencillos, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación.
    • C Sencillos, que permitan entender el contenido sin conocimientos jurídicos, evitándose las ambigüedades y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación.
    • D Sencillos y comprensibles, sin usar elementos intimidatorios innecesarios. Correcta
    Por qué

    La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en el bloque de la justicia comprensible, reconoce el derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 añaden exigencias que la Carta no recoge para las notificaciones (explicar las consecuencias legales de cada actuación, evitar ambigüedades), que pertenecen a otros derechos del mismo bloque (p. ej. la comprensibilidad de las vistas y de las sentencias).

  28. 28

    Según el artículo 62 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, ¿quién expedirá el certificado de la defunción?

    • A El Encargado en el plazo de 48 horas desde el fallecimiento.
    • B El Encargado en el plazo de 72 horas.
    • C El Encargado una vez practicada la inscripción, en el plazo que reglamentariamente se establezca.
    • D El funcionario competente. Correcta
    Por qué

    El artículo 62.3 de la Ley 20/2011 del Registro Civil dispone que, recibida y examinada la documentación, el funcionario competente practicará inmediatamente la inscripción de la defunción y expedirá el certificado de la misma. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 atribuyen la expedición al Encargado o condicionan el certificado a plazos o a la práctica previa de la inscripción en los términos que describen, cuando la norma designa expresamente al funcionario competente.

  29. 29

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas podrá interponerse:

    • A Recurso de queja ante el Tribunal competente.
    • B Recurso de súplica ante el Tribunal competente.
    • C Recurso de apelación que será admitido en ambos efectos para ante la respectiva audiencia o Tribunal competente.
    • D Recurso de apelación que será admitido en un solo efecto para ante la respectiva audiencia o Tribunal competente. Correcta
    Por qué

    El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas podrá interponerse recurso de apelación, que será admitido en un solo efecto, para ante la respectiva Audiencia o Tribunal competente. Por eso la opción 3 es la correcta. No cabe recurso de queja ni de súplica (opciones 0 y 1), y la apelación no se admite en ambos efectos (opción 2): la ley la admite en un solo efecto, de modo que el procedimiento continúa mientras se resuelve el recurso.

  30. 30

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento abreviado se aplicará:

    • A Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a seis años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, siempre y cuando su cuantía no sea superior a tres años.
    • B Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Correcta
    • C Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre y cuando su cuantía no sea superior a dos años.
    • D Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a tres años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre y cuando su cuantía no sea superior a un año.
    Por qué

    El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que el procedimiento abreviado se aplicará, sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Por eso la opción 1 es la correcta. Las opciones 0, 2 y 3 fijan topes menores (seis, cinco o tres años) o limitan la cuantía de las penas de distinta naturaleza, requisitos que la norma no establece.

  31. 31

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento abreviado:

    • A La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a la finalización del juicio oral.
    • B La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la finalización del juicio oral.
    • C La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral. Correcta
    • D La sentencia se dictará dentro de los siete días siguientes a la finalización del juicio oral.
    Por qué

    El artículo 789.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la sentencia en el procedimiento abreviado se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de diez (opción 0), tres (opción 1) o siete días (opción 3) no se corresponden con el plazo legal, que es de cinco días.

  32. 32

    La sentencia dictada en un procedimiento por delito leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es apelable en el plazo de los:

    • A Tres días siguientes a su notificación.
    • B Diez días siguientes a su notificación.
    • C Cuatro días siguientes a su notificación.
    • D Cinco días siguientes a su notificación. Correcta
    Por qué

    El artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la sentencia dictada en un procedimiento por delito leve es apelable en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. Por eso la opción 3 es la correcta. Los plazos de tres (opción 0), diez (opción 1) o cuatro días (opción 2) no se corresponden con el plazo legal de cinco días para recurrir la sentencia de delito leve.

  33. 33

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará:

    • A En los cuatro días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de ocho días.
    • B En los cuatro días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de seis días.
    • C En los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. Correcta
    • D En los tres días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de ocho días.
    Por qué

    El artículo 49.1.1 de la Ley 29/1998 (LJCA) dispone que la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 3 combinan plazos de cuatro o tres días para la notificación y de ocho o seis días para la personación, que no coinciden con los legales (cinco y nueve días).

  34. 34

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento el letrado de la Administración de Justicia convocará a una comparecencia:

    • A A las partes, que habrá de tener lugar antes de transcurrir tres días, y en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
    • B A las partes, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cuatro días, y en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
    • C A las partes y al Ministerio Fiscal, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cuatro días, y en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
    • D A las partes y al Ministerio Fiscal, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, y en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Correcta
    Por qué

    El artículo 117.2 de la Ley 29/1998 (LJCA) dispone que, en el supuesto de posibles motivos de inadmisión, el Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0 y 1 omiten la citación al Ministerio Fiscal, y las opciones 1 y 2 fijan un plazo de cuatro días que no es el legal.

  35. 35

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, cuando existan varios demandantes, la cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada:

    • A Por el valor económico resultante de la suma de las pretensiones de todos los demandantes.
    • B Por el valor económico resultante de la pretensión económica de mayor cuantía formulada por alguno de los demandantes.
    • C Se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de los demandantes, y no a la suma de todos. Correcta
    • D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
    Por qué

    El artículo 41.2 de la Ley 29/1998 (LJCA) dispone que, cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos y no a la suma de todos, a efectos de determinar la cuantía del recurso. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 (suma de todas las pretensiones) y la opción 1 (mayor cuantía) contradicen la regla legal, que individualiza la cuantía por demandante.

  36. 36

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, en el auto en el cual se plantee la cuestión de ilegalidad se acordará emplazar a las partes:

    • A Para que en el plazo de diez días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión.
    • B Para que en el plazo de cinco días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión.
    • C Para que en el plazo de quince días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Correcta
    • D Para que en el plazo de siete días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión.
    Por qué

    El artículo 123.2 de la Ley 29/1998 (LJCA) dispone que en el auto en el cual se plantee la cuestión de ilegalidad se acordará emplazar a las partes para que en el plazo de quince días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de diez (opción 0), cinco (opción 1) o siete días (opción 3) no se corresponden con el plazo legal de quince días.

  37. 37

    Conforme a lo dispuesto en el artículo129.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del Tribunal que conozca del proceso se practicarán:

    • A Cuando proceda, mediante auxilio judicial y, en otro caso, mediante videoconferencia siempre que sea posible.
    • B En todo caso, mediante auxilio judicial.
    • C En todo caso, mediante videoconferencia.
    • D Cuando proceda, mediante videoconferencia siempre que sea posible y, en otro caso, mediante auxilio judicial. Correcta
    Por qué

    El artículo 129.2 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del Tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda, mediante videoconferencia siempre que sea posible y, en otro caso, mediante auxilio judicial. Por eso la opción 3 es la correcta. La opción 0 invierte el orden (auxilio judicial preferente), y las opciones 1 y 2 hacen exclusivo uno de los dos medios, cuando la norma establece una preferencia con carácter subsidiario.

  38. 38

    Conforme a lo dispuesto en el artículo130.3 párrafo primero de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entiende por horas hábiles:

    • A Las que median desde las siete de la mañana a las siete de la tarde, salvo que la ley, para una actuación genérica, disponga otra cosa.
    • B Las que median desde las siete de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación genérica, disponga otra cosa.
    • C Las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Correcta
    • D Las que median desde las siete de la mañana a las seis de la tarde, salvo que la ley, para una actuación genérica, disponga otra cosa.
    Por qué

    El artículo 130.3, párrafo primero, de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que se entienden por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 3 fijan horarios distintos (de siete a siete, de siete a ocho o de siete a seis) y en algún caso refieren la salvedad a una actuación genérica, cuando la norma habla de actuación concreta.

  39. 39

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales serán nulos de pleno derecho:

    • A Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de competencia territorial.
    • B Cuando se prescinda de normas del procedimiento.
    • C Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. Correcta
    • D Ninguna de las anteriores es correcta.
    Por qué

    El artículo 225.1 de la Ley 1/2000 (LEC) declara nulos de pleno derecho los actos procesales cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, cuando se realicen bajo violencia o intimidación, o cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 habla de competencia territorial (que no es causa de nulidad de pleno derecho, sino subsanable), y la opción 1 omite que las normas cuya infracción produce nulidad son las esenciales del procedimiento.

  40. 40

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 135.5 primer párrafo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviera sujeta a plazo, procesal o sustantivo:

    • A Podrá efectuarse hasta las trece horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
    • B Podré efectuarse hasta las catorce horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
    • C Podrá efectuarse hasta las dieciséis horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
    • D Podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Correcta
    Por qué

    El artículo 135.5, primer párrafo, de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que la presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera su forma, si estuviera sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 fijan las trece, catorce o dieciséis horas, que no coinciden con las quince horas que señala la norma.

  41. 41

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 245.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán:

    • A Providencias, cuando decidan cuestiones incidentales.
    • B Providencias, cuando decidan sobre la nulidad del procedimiento.
    • C Autos, cuanto tengan por objeto la ordenación material del proceso.
    • D Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del procedimiento. Correcta
    Por qué

    El artículo 245.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán providencias cuando tengan por objeto la ordenación material del procedimiento. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0 y 1 describen supuestos que corresponden a los autos (que deciden incidentes o nulidad del procedimiento), y la opción 2 asigna a los autos el objeto propio de las providencias.

  42. 42

    Conforme a lo dispuesto en el art 205 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, corresponde al ponente en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas:

    • A Presidir la práctica de las pruebas declaradas pertinentes, siempre que deban practicarse ante el Tribunal.
    • B Redactar los recursos interpuestos contras las decisiones de los Magistrados.
    • C Pronunciar en audiencia pública las sentencias. Correcta
    • D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
    Por qué

    El artículo 205 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que corresponde al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas, pronunciar en audiencia pública las sentencias. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 atribuye al ponente funciones que corresponden al Tribunal o a su Presidente (presidir la práctica de pruebas), y la opción 1 describe una función inexistente (redactar recursos contra decisiones de los Magistrados).

  43. 43

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 201.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en los tribunales colegiados los autos y sentencias se dictarán:

    • A En todo caso, por mayoría simple de votos.
    • B Por mayoría simple de votos, salvo que expresamente la ley señale una menor proporción.
    • C Por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una menor proporción.
    • D Por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción. Correcta
    Por qué

    El artículo 201.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que en los tribunales colegiados los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción. Por eso la opción 3 es la correcta. La opción 0 (mayoría simple en todo caso), la opción 1 (mayoría simple salvo menor proporción) y la opción 2 (mayoría absoluta salvo menor proporción) no se ajustan a la regla legal, que parte de la mayoría absoluta y solo admite que la ley exija una proporción mayor.

  44. 44

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando una diligencia judicial hubiera de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que la haya ordenado:

    • A Encomendará su cumplimiento por medio de oficio, cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado.
    • B Encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal inferior en grado
    • C Encomendará su cumplimiento por medio de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado. Correcta
    • D Encomendará su cumplimiento por medio de mandamiento, cuando se dirija a un Juez o tribunal de igual grado.
    Por qué

    El artículo 184 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula los medios de encomienda del cumplimiento de diligencias: se encomendará por medio de exhorto cuando se dirija a un Juez o Tribunal de igual grado; por medio de suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado; y por medio de oficio cuando se dirija a uno inferior. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 invierte los medios (oficio para superior), la opción 1 los invierte (suplicatorio para inferior) y la opción 3 atribuye al mandamiento un supuesto que corresponde al exhorto (el mandamiento se dirige a autoridades no judiciales).

  45. 45

    Conforme a lo dispuesto en el artículo169.4 primer párrafo de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el interrogatorio de las partes, la declaración de testigos y la ratificación de peritos se realizará en la sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate:

    • A Salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizaran en la forma prevista en el artículo 138.
    • B Salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizaran en la forma prevista en el artículo 139.
    • C Salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizaran en la forma prevista en el artículo 137 bis. Correcta
    • D Salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizaran en la forma prevista en el artículo 137.
    Por qué

    El artículo 169.4, primer párrafo, de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que el interrogatorio de las partes, la declaración de testigos y la ratificación de peritos se realizarán en la sede del Juzgado o Tribunal que esté conociendo del asunto, salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizarán en la forma prevista en el artículo 137 bis (videoconferencia u otro medio similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea). Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 3 citan artículos equivocados (138, 139 y 137), que no regulan esa remisión.

  46. 46

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la petición de cooperación, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal al que se dirija:

    • A Se efectuará, si fuere posible, directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.
    • B Se efectuará, en todo caso, a través de órganos intermedios.
    • C Se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. Correcta
    • D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
    Por qué

    El artículo 274.2 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que la petición de cooperación, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal al que se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0 y 1 condicionan esa remisión directa a que sea posible o la sustituyen por órganos intermedios, en contra de la rotundidad del mandato legal.

  47. 47

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, los exhortos se remitirán:

    • A En todo caso, directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico.
    • B Directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
    • C Directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Correcta
    • D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
    Por qué

    El artículo 172.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 no admite la excepción del soporte papel, y la opción 1 la invierte (dice que el papel procede cuando los elementos SÍ son convertibles, cuando es al revés).

  48. 48

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales de comunicación serán:

    • A Notificaciones, para ordenar, conforme a la ley, una conducta o actividad.
    • B Citaciones, para personarse y actuar dentro de un plazo.
    • C Emplazamientos, para personarse y actuar dentro de un plazo. Correcta
    • D Requerimientos, para las comunicaciones con autoridades no judiciales.
    Por qué

    El artículo 149 de la Ley 1/2000 (LEC) clasifica los actos de comunicación: notificaciones (dar noticia de una resolución), citaciones (determinar lugar, día y hora para comparecer), emplazamientos (para personarse y actuar dentro de un plazo) y requerimientos (ordenar, conforme a la ley, una conducta o actividad). Por eso la opción 2 es la correcta (los emplazamientos son para personarse y actuar dentro de un plazo). La opción 0 atribuye a las notificaciones el objeto de los requerimientos, la opción 1 atribuye a las citaciones el objeto de los emplazamientos, y la opción 3 desvirtúa los requerimientos.

  49. 49

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el:

    • A Capítulo VI del Título VI del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    • B Capítulo IV del Título VI del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    • C Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Correcta
    • D Capítulo IV del Título III del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    Por qué

    El artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso la opción 2 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 3 citan capítulos o títulos distintos (Capítulo VI o IV del Título VI, o Capítulo IV del Título III), que no son los que la norma penal designa por remisión a la ley civil.

  50. 50

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 162.2, último párrafo, de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no se practicarán actos de comunicación a los y las profesionales por vía electrónica:

    • A En todo caso, durante los días del mes de agosto ni durante los días que median entre el 23 de diciembre y el 7 de enero del año siguiente, ambos inclusive.
    • B En todo caso, durante los días del mes de agosto ni durante los días que median entre el 21 de diciembre y el 7 de enero del año siguiente, ambos inclusive.
    • C Durante los días del mes de agosto ni durante los días que median entre el 22 de diciembre y el 7 de enero del año siguiente, ambos inclusive, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.
    • D Durante los días del mes de agosto ni durante los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda. Correcta
    Por qué

    El artículo 162.2, último párrafo, de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que no se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto ni durante los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 fijan periodos distintos (23 dic-7 ene, 21 dic-7 ene, 22 dic-7 ene) o los formulan como prohibición absoluta sin la salvedad de los días hábiles para la actuación correspondiente.

  51. 51

    La publicación de las resoluciones en el Tablón Edictal Judicial Único se realizarán en:

    • A Todos los órdenes jurisdiccionales. Correcta
    • B Todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en el orden social.
    • C Todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en el orden contencioso administrativo.
    • D Todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en el orden penal.
    Por qué

    El artículo 54.1 del Real Decreto-ley 6/2023 dispone que la publicación de resoluciones y actos de comunicación que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios, así como la de los actos de comunicación procesal que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, serán sustituidas en todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único previsto en el artículo 236 de la LOPJ. Por eso la opción 0 es la correcta: el TEJU es único y sirve a todos los órdenes jurisdiccionales. Las opciones 1, 2 y 3 excluyen alguno de los órdenes (social, contencioso-administrativo o penal), lo que contradice el precepto.

  52. 52

    De conformidad con el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se podrán presentar escritos en formato electrónico:

    • A Todos los días del año, exceptuando las horas inhábiles.
    • B Todos los días del año, exceptuando el mes de agosto.
    • C Todos los días del año, exceptuando los días inhábiles.
    • D Todos los días del año durante las veinticuatro horas. Correcta
    Por qué

    El artículo 135.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que se podrán presentar escritos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 excluyen horas inhábiles, el mes de agosto o los días inhábiles, cuando la regla de la presentación electrónica no admite esas exclusiones: el servicio de presentación telemática está operativo las veinticuatro horas todos los días del año.

  53. 53

    De conformidad con el artículo 44 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, el traslado de copias entre procuradores se realizará por vía telemática.

    • A En el día siguiente hábil a la presentación telemática de escritos originales ante el Tribunal.
    • B Dentro de los dos días siguientes hábiles a la presentación telemática del escrito ante el Tribunal.
    • C No se dará traslado de copias en los escritos presentados telemáticamente.
    • D De forma simultánea a la presentación telemática del escrito. Correcta
    Por qué

    El artículo 44 del Real Decreto-ley 6/2023 dispone que el traslado de copias entre procuradores se realizará por vía telemática de forma simultánea a la presentación telemática del escrito ante el Tribunal. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0 y 1 difieren el traslado al día siguiente hábil o a los dos días siguientes, y la opción 2 niega el traslado, en contra de lo dispuesto en la norma.

  54. 54

    De conformidad con el artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, ¿qué garantizará la integridad del expediente judicial electrónico?

    • A El índice electrónico. Correcta
    • B El número de identificación general de dicho expediente.
    • C El código de verificación seguro.
    • D La firma digital.
    Por qué

    El artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2023 dispone que el índice electrónico garantizará la integridad del expediente judicial electrónico, permitiendo su recuperación y asegurando que los documentos no han sido alterados. Por eso la opción 0 es la correcta. El número de identificación general (opción 1), el código seguro de verificación (opción 2) y la firma digital (opción 3) cumplen otras funciones de identificación o autenticación, pero la integridad del expediente la garantiza expresamente el índice electrónico.

  55. 55

    De acuerdo con el artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, las resoluciones de carácter gubernativo de los letrados de la Administración de Justicia se denominarán:

    • A Expedientes gubernativos.
    • B Acuerdos. Correcta
    • C Diligencias.
    • D Certificaciones.
    Por qué

    El artículo 456.5 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos. Por eso la opción 1 es la correcta. Las opciones 0 (expedientes gubernativos), 2 (diligencias) y 3 (certificaciones) no son la denominación que la norma asigna a las resoluciones gubernativas de los Letrados de la Administración de Justicia.

  56. 56

    De conformidad con el artículo 465 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, corresponde incoar los expedientes disciplinarios por las infracciones que los letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones al:

    • A Al Secretario Coordinador.
    • B Al Secretario de Gobierno. Correcta
    • C Al Secretario Provincial.
    • D Al Consejo del Secretariado.
    Por qué

    El artículo 465.2 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) atribuye a los Secretarios de Gobierno la incoación de los expedientes disciplinarios por las infracciones que los Letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. Por eso la opción 1 es la correcta. No corresponde al Secretario Coordinador (opción 0), ni a un inexistente Secretario Provincial (opción 2), ni al Consejo del Secretariado (opción 3), que tiene funciones consultivas.

  57. 57

    En virtud del artículo 466 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no se podrá ocupar el mismo puesto de secretario coordinador:

    • A Más de doce años.
    • B Más de quince años.
    • C Más de diez años. Correcta
    • D Más de veinte años.
    Por qué

    El artículo 466.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que no se podrá ocupar el mismo puesto de Secretario Coordinador por tiempo superior a diez años. Por eso la opción 2 es la correcta. Los límites de doce (opción 0), quince (opción 1) o veinte años (opción 3) no se corresponden con el máximo legal de diez años.

  58. 58

    Los órganos superiores de gobierno del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico, los siguientes:

    • A El Secretario General de la Administración de Justicia, los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. Correcta
    • B El Consejo de Secretariado, los Secretarios Coordinadores Provinciales y los Secretarios de Gobierno.
    • C Los Secretarios de Gobierno, el Secretario General de la Administración de Justicia y el Consejo de Secretariado.
    • D El Secretario General de la Administración de Justicia, los Secretarios Coordinadores Provinciales y los Secretarios de Gobierno.
    Por qué

    El artículo 463.2 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que los órganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico: a) el Secretario General de la Administración de Justicia; b) los Secretarios de Gobierno; y c) los Secretarios Coordinadores Provinciales. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1, 2 y 3 alteran el orden jerárquico o introducen el Consejo del Secretariado (que es un órgano consultivo, no de gobierno del Cuerpo).

  59. 59

    En virtud del artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el Cuerpo de Médicos Forenses es:

    • A Un Cuerpo General al servicio de la Administración de Justicia.
    • B Un Cuerpo Especial al servicio de la Administración de Justicia. Correcta
    • C Un Cuerpo General al servicio de la Administración de Justicia, cuando estén destinados en Juzgados y Tribunales.
    • D Personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.
    Por qué

    El artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que son Cuerpos Especiales al servicio de la Administración de Justicia el Cuerpo de Médicos Forenses y el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses... En concreto, el Cuerpo de Médicos Forenses es un Cuerpo Especial al servicio de la Administración de Justicia. Por eso la opción 1 es la correcta. Las opciones 0, 2 y 3 (Cuerpo General, Cuerpo General según destino o personal laboral) no se corresponden con la clasificación legal.

  60. 60

    De conformidad con lo establecido en el artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no es una función del Médico Forense:

    • A La asistencia técnica al Instituto de Medicina Legal en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial. Correcta
    • B La emisión de informes y dictámenes, a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica.
    • C La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
    • D La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.
    Por qué

    El artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) enumera las funciones de los Médicos Forenses: la asistencia técnica a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías (no al Instituto de Medicina Legal), la emisión de informes a solicitud del Registro Civil, la emisión de informes a solicitud de particulares en las condiciones reglamentarias y la realización de funciones de docencia, periciales o de investigación por motivos de interés general. Por eso la opción 0 es la correcta: no es función del Médico Forense la asistencia técnica al Instituto de Medicina Legal, porque la ley la refiere a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías. Las opciones 1, 2 y 3 sí son funciones legalmente previstas.

  61. 61

    Conforme al artículo 472.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los funcionarios de carrera de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia estarán vinculados a dicha administración en virtud de:

    • A Superación del proceso selectivo.
    • B Toma de posesión en el primer destino.
    • C Nombramiento legal. Correcta
    • D Juramento o promesa.
    Por qué

    El artículo 472.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que los funcionarios de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia estarán vinculados a ella en virtud de nombramiento legal, y quedarán sujetos a lo dispuesto en la LOPJ, en sus normas de desarrollo y en la legislación general de funcionarios. Por eso la opción 2 es la correcta. La superación del proceso selectivo (opción 0), la toma de posesión (opción 1) y el juramento o promesa (opción 3) son trámites del acceso, pero el vínculo nace del nombramiento legal.

  62. 62

    De conformidad con el artículo 479.6 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en el curso de sus actuaciones procesales, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estarán a las órdenes de:

    • A Los Médicos Forenses.
    • B El Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
    • C Los Jueces. Correcta
    • D Los Facultativos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
    Por qué

    El artículo 479.6 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) dispone que, en el curso de sus actuaciones procesales, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y de los Fiscales. Por eso la opción 2 es la correcta (los Jueces, junto con los Fiscales, son quienes dirigen esas actuaciones). Las opciones 0, 1 y 3 atribuyen esa dirección a los Médicos Forenses, al Director del Instituto o a los Facultativos, que no son quienes reciben la subordinación procesal que la norma establece.

  63. 63

    De conformidad con el artículo 496 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no es un derecho colectivo de los funcionarios de la Administración de Justicia:

    • A El derecho de huelga.
    • B El derecho de reunión.
    • C El derecho a la libre actividad profesional. Correcta
    • D El derecho a la actividad sindical.
    Por qué

    El artículo 496 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) reconoce a los funcionarios de la Administración de Justicia los derechos colectivos de sindicación, huelga y reunión, entre otros. El derecho a la libre actividad profesional no es un derecho colectivo: es un derecho individual que, además, se ve limitado por el régimen de incompatibilidades. Por eso la opción 2 es la correcta. El derecho de huelga (opción 0), el de reunión (opción 1) y el de actividad sindical (opción 3) sí son derechos colectivos reconocidos en el artículo 496 LOPJ.

  64. 64

    Conforme al artículo 498 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no es una actividad incompatible que pueda desempeñar un funcionario perteneciente al Cuerpo de Auxilio Judicial:

    • A El desempeño de cargo de asesor de empresa que no persiga fines lucrativos. Correcta
    • B El desempeño de asesoramiento jurídico que no sea retribuido.
    • C El desempeño de servicios de gestoría administrativa.
    • D El desempeño de la condición de agentes de seguros.
    Por qué

    El artículo 498 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), en su apartado 3, establece las actividades incompatibles con el desempeño de puestos de los Cuerpos Generales, entre ellas: dirigir entidades públicas o privadas, desempeñar servicios de gestoría administrativa, asesorar jurídicamente de forma retribuida, ser agentes de seguros, y ser gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos. Por eso la opción 0 es la correcta: el asesoramiento de una empresa que NO persigue fines lucrativos no está incluido en el catálogo de incompatibilidades (la norma solo prohíbe asesorar a empresas con fines lucrativos). Las opciones 1 (asesoramiento jurídico retribuido), 2 (gestoría administrativa) y 3 (agente de seguros) sí son actividades incompatibles.

  65. 65

    De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿a qué cuerpo corresponde la confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación?

    • A Al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
    • B Al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Correcta
    • C Al Cuerpo de Auxilio judicial.
    • D Al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
    Por qué

    El artículo 477 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ) atribuye con carácter general al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa la realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, y en su letra d) le corresponde la confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse. Por eso la opción 1 es la correcta. No corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (opción 0), ni al de Auxilio Judicial (opción 2), ni al de Letrados de la Administración de Justicia (opción 3), cuyas funciones están reguladas en otros preceptos de la LOPJ.

  66. 66

    Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial tendrán derecho a un permiso por asuntos particulares de:

    • A Cinco días.
    • B Siete días.
    • C Nueve días. Correcta
    • D Diez días.
    Por qué

    El artículo 503.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), en la redacción vigente tras la Ley Orgánica 1/2025, reconoce a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, incluido el Cuerpo de Auxilio Judicial, un permiso por asuntos particulares de nueve días hábiles (redacción que mantiene el cómputo que ya establecía la reforma de 1994). Por eso la opción 2 es la correcta. Los permisos de cinco (opción 0), siete (opción 1) o diez días (opción 3) no se corresponden con el permiso legal de nueve días.

  67. 67

    En virtud de lo dispuesto en el artículo 771.4 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, finalizada la comparecencia de medidas provisionales previas a la demanda de divorcio:

    • A El tribunal resolverá mediante sentencia, contra la que no se dará recurso alguno.
    • B El tribunal resolverá mediante auto, contra el que cabrá recurso de apelación.
    • C El tribunal resolverá mediante sentencia, contra la que cabrá recurso de apelación.
    • D El tribunal resolverá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno. Correcta
    Por qué

    El artículo 771.4 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que, finalizada la comparecencia de medidas provisionales previas a la demanda de divorcio, el tribunal resolverá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno, sin perjuicio de que las medidas puedan modificarse en el proceso principal. Por eso la opción 3 es la correcta. Las opciones 0, 1 y 2 atribuyen a la resolución la forma de sentencia o admiten recurso de apelación, en contra de lo dispuesto en la norma.

  68. 68

    De conformidad con el artículo 404.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento ordinario, el letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda cuando:

    • A Estime falta de jurisdicción. Correcta
    • B Estime litispendencia.
    • C Estime inadecuación del procedimiento.
    • D Estime prescripción.
    Por qué

    El artículo 404.2 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que, si el Letrado de la Administración de Justicia estimare que concurre falta de jurisdicción o que el asunto es de la competencia de otro tribunal, dará cuenta al tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda. Por eso la opción 0 es la correcta. La litispendencia (opción 1), la inadecuación del procedimiento (opción 2) y la prescripción (opción 3) no son los supuestos que la norma encomienda al Letrado para dar cuenta al tribunal en este trámite.

  69. 69

    En virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, se tendrá por caducado un expediente de jurisdicción voluntaria, si no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo:

    • A De seis meses desde la última resolución.
    • B De seis meses desde la última notificación practicada. Correcta
    • C De tres meses desde la última resolución.
    • D De tres meses desde la última notificación practicada.
    Por qué

    El artículo 21.1 de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria dispone que se tendrá por caducado el expediente si no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis meses desde la última notificación practicada, acordando el Letrado de la Administración de Justicia el archivo mediante decreto. Por eso la opción 1 es la correcta. La opción 0 toma como dies a quo la última resolución (no la notificación), y las opciones 2 y 3 fijan un plazo de tres meses que no es el legal.

  70. 70

    En virtud del artículo 442.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, si el demandado no compareciere a la vista del juicio verbal:

    • A Se dictará sentencia condenatoria.
    • B Se dictará auto de allanamiento.
    • C Se procederá a la celebración del juicio. Correcta
    • D Se suspenderá el juicio para citarlo nuevamente.
    Por qué

    El artículo 442.2 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que, si el demandado no compareciere a la vista del juicio verbal, se procederá a la celebración del juicio, que continuará sin su presencia. Por eso la opción 2 es la correcta. La incomparecencia del demandado no determina sentencia condenatoria automática (opción 0), ni auto de allanamiento (opción 1), ni la suspensión del juicio (opción 3).

  71. 71

    En virtud del artículo 587 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el embargo se entenderá hecho desde:

    • A Que se dicte auto despachando ejecución.
    • B Que se adopten las medidas de garantía y publicidad del mismo.
    • C Que se notifique al ejecutado.
    • D Que se decrete por el letrado de la Administración de Justicia. Correcta
    Por qué

    El artículo 587.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que el embargo se entenderá hecho desde el momento en que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia, aunque no se hayan adoptado aún las medidas de garantía y publicidad. Por eso la opción 3 es la correcta. La opción 0 (auto despachando ejecución), la opción 1 (medidas de garantía y publicidad) y la opción 2 (notificación al ejecutado) no fijan el momento en que el embargo se entiende hecho según la norma.

  72. 72

    De conformidad con el artículo 592.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ¿qué bien se embargará en primer lugar de los enumerados a continuación?

    • A Bienes muebles.
    • B Intereses, rentas y frutos de toda especie.
    • C Joyas. Correcta
    • D Rentas en dinero.
    Por qué

    El artículo 592.2 de la Ley 1/2000 (LEC) establece el orden de embargo de bienes: 1.º dinero o cuentas corrientes; 2.º créditos y derechos realizables a corto plazo; 3.º joyas y objetos de arte; 4.º rentas en dinero; 5.º intereses, rentas y frutos de toda especie; 6.º bienes muebles o semovientes... De los bienes enumerados en las opciones, las joyas (opción 2) ocupan el tercer lugar y, por tanto, se embargarán en primer lugar frente a las rentas en dinero (cuarto), los intereses, rentas y frutos (quinto) y los bienes muebles (sexto). Por eso la opción 2 es la correcta.

  73. 73

    En virtud de lo establecido en el artículo 723 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, será competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares, si el proceso no se hubiese iniciado:

    • A El tribunal del domicilio del demandado.
    • B El tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal. Correcta
    • C El tribunal del domicilio del demandante.
    • D El tribunal de guardia competente.
    Por qué

    El artículo 723.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que será competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares que se formulen antes del proceso el tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal. Por eso la opción 1 es la correcta. No rige la competencia del domicilio del demandado (opción 0), ni del domicilio del demandante (opción 2), ni la del tribunal de guardia (opción 3): la competencia se anuda a la demanda principal.

  74. 74

    En virtud del artículo 706 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, cuando el título ejecutivo condene a una obligación de hacer no personalísimo, si el ejecutado no llevara a cabo dicha acción, el ejecutante podrá reclamar:

    • A Nuevo requerimiento al ejecutado para su cumplimiento.
    • B La imposición de multas.
    • C El resarcimiento de daños y perjuicios. Correcta
    • D El equivalente económico de la prestación de hacer.
    Por qué

    El artículo 706.1 de la Ley 1/2000 (LEC) dispone que, cuando el título ejecutivo condene a una obligación de hacer no personalísimo y el ejecutado no llevara a cabo la acción dentro del plazo, el ejecutante podrá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios o, si lo prefiere, que se le faculte para encargar la realización de la prestación a un tercero a costa del ejecutado. Por eso la opción 2 es la correcta. La opción 0 (nuevo requerimiento) ya se habría agotado, la opción 1 (multas) no es la vía prevista para este caso y la opción 3 (equivalente económico) corresponde a otros supuestos (p. ej. la obligación de no hacer o la personalísima).

  75. 75

    De conformidad con el artículo 1.2 del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, se entiende por archivo judicial:

    • A Procedimiento de clasificación de los documentos judiciales.
    • B Lugar en que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales. Correcta
    • C Procedimiento a través del cual se determina cuando un documento ha de ser conservado.
    • D Conjunto de documentos que pierden su utilidad.
    Por qué

    El artículo 1.2 del Real Decreto 937/2003 dispone que se entiende por archivo judicial tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales, de acuerdo con las normas del capítulo II. Por eso la opción 1 es la correcta. La opción 0 (procedimiento de clasificación), la opción 2 (procedimiento para determinar cuándo conservar, que es el expurgo) y la opción 3 (conjunto de documentos que pierden su utilidad) no coinciden con la definición legal.

  76. 76

    En virtud del artículo 2 del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, no quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto:

    • A Los expedientes gubernativos que se sustancien en los documentos judiciales. Correcta
    • B Los libros de registro.
    • C Los libros de sentencias.
    • D Expedientes relativos al Registro Civil.
    Por qué

    El artículo 2 del Real Decreto 937/2003 dispone que su ámbito de aplicación alcanza a todos los documentos judiciales de los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, así como a los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos, y que quedan excluidos los libros de sentencias, los de registro y los de preceptiva llevanza, así como los expedientes relativos al Registro Civil. Por eso la opción 0 es la correcta: los expedientes gubernativos NO quedan excluidos, están dentro del ámbito. Las opciones 1, 2 y 3 citan supuestos que sí están excluidos.

  77. 77

    En virtud del artículo 10 del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, el Archivo Judicial Central estará adscrito a:

    • A Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Correcta
    • B Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
    • C Sala de Gobierno de las Audiencias Provinciales.
    • D Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
    Por qué

    El artículo 10.1 del Real Decreto 937/2003 dispone que existirá un Archivo Judicial Central adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, cuyo ámbito se circunscribirá a la documentación judicial del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los restantes órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional. Por eso la opción 0 es la correcta. No se adscribe a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (opción 1), de las Audiencias Provinciales (opción 2) ni de la Audiencia Nacional (opción 3).

  78. 78

    De conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, todas las resoluciones de la Junta de Expurgo:

    • A Pondrán fin a la vía administrativa. Correcta
    • B No pondrán fin a la vía administrativa cuando sean desestimatorias.
    • C No pondrán fin a la vía administrativa cuando sean estimatorias.
    • D No podrán fin a la vía administrativa.
    Por qué

    El artículo 20.2 del Real Decreto 937/2003 dispone que todas las resoluciones de la Junta de Expurgo pondrán fin a la vía administrativa. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1, 2 y 3 condicionan el agotamiento de la vía administrativa al sentido de la resolución (desestimatoria o estimatoria) o lo niegan, cuando la norma lo establece con carácter general para todas las resoluciones de la Junta de Expurgo.

  79. 79

    Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de:

    • A Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Correcta
    • B Seis años y se renovarán por quintas partes cada dos.
    • C Cuatro años y se renovarán anualmente la quinta parte.
    • D Doce años, renovándose la mitad de sus miembros cada seis.
    Por qué

    El artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que los Magistrados del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1 (seis años y quintas partes cada dos), 2 (cuatro años y renovación anual de la quinta parte) y 3 (doce años con renovación de la mitad cada seis) no se corresponden con el mandato constitucional y legal.

  80. 80

    Las disposiciones legislativas que el gobierno puede tomar en caso de extraordinaria y urgente necesidad según el artículo 86 de la Constitución Española tendrán la forma de:

    • A Decreto-ley. Correcta
    • B Real decreto legislativo.
    • C Ley de emergencia.
    • D Ley orgánica.
    Por qué

    El artículo 86.1 de la Constitución Española dispone que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. Por eso la opción 0 es la correcta. El real decreto legislativo (opción 1) es el instrumento de la delegación legislativa (arts. 82 a 85 CE), y las opciones 2 y 3 (ley de emergencia o ley orgánica) no son la forma que la Constitución asigna a esta potestad del Gobierno.

  81. 81

    ¿Qué plazo tiene el Congreso para pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de las disposiciones legislativas provisionales que el gobierno apruebe en caso de extraordinaria y urgente necesidad?

    • A 3 meses.
    • B 3 semanas.
    • C 100 días.
    • D 30 días. Correcta
    Por qué

    El artículo 86.2 de la Constitución Española dispone que los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de treinta días desde su promulgación, para que se pronuncie expresamente sobre su convalidación o derogación. Por eso la opción 3 es la correcta. Los plazos de tres meses (opción 0), tres semanas (opción 1) o cien días (opción 2) no son el plazo constitucional de treinta días.

  82. 82

    Tras la celebración de las elecciones generales, los diputados elegidos que compondrán el Congreso deberán ser convocados:

    • A A los 30 días siguientes de la celebración de las elecciones.
    • B A los 60 días siguientes de la celebración de las elecciones.
    • C Dentro de los 25 días siguientes de la celebración de las elecciones. Correcta
    • D Dentro de los 100 días siguientes a la publicación definitiva de los resultados.
    Por qué

    El artículo 68.6 de la Constitución Española dispone que las elecciones se celebrarán entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso elegido deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de treinta (opción 0), sesenta (opción 1) o cien días (opción 3) no se corresponden con el plazo constitucional de veinticinco días para la convocatoria del Congreso.

  83. 83

    Sobre la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en:

    • A El artículo 53.2 de la Constitución. Correcta
    • B El artículo 55.1 de la Constitución.
    • C El artículo 24.1 de la Constitución.
    • D El artículo 24.2 de la Constitución.
    Por qué

    El artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres conforme a lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se produjo la discriminación. Por eso la opción 0 es la correcta. El artículo 55.1 CE (opción 1) regula la suspensión de derechos, y los artículos 24.1 y 24.2 CE (opciones 2 y 3) regulan la tutela judicial efectiva con carácter general, pero la remisión expresa de la Ley Orgánica 3/2007 es al artículo 53.2 CE.

  84. 84

    La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales tendrá carácter:

    • A Anual.
    • B Semestral.
    • C Cuatrienal. Correcta
    • D Bianual.
    Por qué

    El artículo 10.3 de la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, dispone que la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI tendrá carácter cuatrienal, y que se procederá a su evaluación al término de su duración o cuando circunstancias sobrevenidas hagan conveniente su modificación. Por eso la opción 2 es la correcta. El carácter anual (opción 0), semestral (opción 1) o bianual (opción 3) no se corresponde con la previsión legal.

  85. 85

    De conformidad con el artículo 41 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación:

    • A Es una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia. Correcta
    • B Es un consorcio de derecho público con participación de entidades privadas.
    • C Es una sociedad mercantil estatal vinculada a la Administración General del Estado.
    • D Es una entidad privada e independiente subcontratada por el Gobierno.
    Por qué

    El artículo 41.1 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, dispone que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia, que actúa con plena independencia de las administraciones públicas. Por eso la opción 0 es la correcta. No es un consorcio con entidades privadas (opción 1), ni una sociedad mercantil estatal (opción 2), ni una entidad privada subcontratada (opción 3).

  86. 86

    De conformidad con el artículo 44 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las administraciones públicas y los particulares deberán colaborar, cuando se les requiera por la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, en la investigación de situaciones de discriminación de especial gravedad, proporcionando la información que dispongan en un plazo de:

    • A 15 días.
    • B 20 días.
    • C 1 mes.
    • D 10 días. Correcta
    Por qué

    El artículo 44.3 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, dispone que, en la investigación de situaciones de discriminación de especial gravedad, las administraciones públicas y los particulares deberán colaborar con la Autoridad Independiente proporcionando la información que dispongan en un plazo de diez días. Por eso la opción 3 es la correcta. Los plazos de quince días (opción 0), veinte días (opción 1) o un mes (opción 2) no se corresponden con el plazo legal de diez días.

  87. 87

    ¿Cómo se nombra a los Subdelegados del Gobierno en las provincias?

    • A Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
    • B Por libre designación del Delegado del Gobierno correspondiente. Correcta
    • C Por Acuerdo entre el Delegado del Gobierno y la Diputación Provincial correspondientes.
    • D Por concurso oposición entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.
    Por qué

    El artículo 73.1.a) de la Ley 40/2015 atribuye al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, entre otras competencias, nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación; el nombramiento se realiza por libre designación del Delegado del Gobierno. Por eso la opción 1 es la correcta. No se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros (opción 0), ni por acuerdo con la Diputación (opción 2), ni por concurso oposición (opción 3), que sería el sistema de provisión de otros puestos, no el de los Subdelegados del Gobierno.

  88. 88

    ¿A quién corresponde la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en las Comunidades Autónomas?

    • A Al Delegado del Gobierno, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Correcta
    • B Al Subdelegado del Gobierno, bajo la dependencia funcional del Delegado del Gobierno correspondiente.
    • C Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
    • D Al Ministro del Interior.
    Por qué

    El artículo 73.3 de la Ley 40/2015 dispone que corresponde al Delegado del Gobierno la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Por eso la opción 0 es la correcta. El Subdelegado (opción 1) ejerce la dirección de los servicios integrados de la Administración General del Estado en la provincia, no la jefatura de las FCSE; y esa jefatura no corresponde al Presidente autonómico (opción 2) ni directamente al Ministro del Interior (opción 3).

  89. 89

    Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son órganos directivos con rango de:

    • A Director General.
    • B Secretario General.
    • C Secretario de Estado.
    • D Subsecretario. Correcta
    Por qué

    El artículo 55.4 de la Ley 40/2015 dispone que los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno el de Subdirector General. Por eso la opción 3 es la correcta. Los rangos de Director General (opción 0), Secretario General (opción 1) o Secretario de Estado (opción 2) no se corresponden con el rango legal de Subsecretario para los Delegados del Gobierno.

  90. 90

    El artículo 57 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la Administración General del Estado se organiza:

    • A En Presidencia del Gobierno, Vicepresidencias y Ministerios.
    • B En Presidencia del Gobierno y en Ministerios. Correcta
    • C En Presidencia del Gobierno, Consejo de Ministros y Ministerios.
    • D En Ministerios y Delegaciones del Gobierno.
    Por qué

    El artículo 57.1 de la Ley 40/2015 dispone que la Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios. Por eso la opción 1 es la correcta. La opción 0 añade las Vicepresidencias, la opción 2 añade el Consejo de Ministros y la opción 3 añade las Delegaciones del Gobierno, órganos que forman parte de la organización de la AGE pero que la norma no incluye en la enumeración de su estructura básica.

  91. 91

    ¿Quién ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes?

    • A Las Cortes Generales.
    • B El Congreso.
    • C El Gobierno. Correcta
    • D La Administración General del Estado.
    Por qué

    El artículo 97 de la Constitución Española dispone que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por eso la opción 2 es la correcta. Las Cortes Generales (opción 0) y el Congreso (opción 1) ejercen la potestad legislativa, y la Administración General del Estado (opción 3) actúa con sometimiento a la ley y al Derecho bajo la dirección del Gobierno.

  92. 92

    Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades locales, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo:

    • A Cada 15 días en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.
    • B Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.
    • C Cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes. Correcta
    • D Cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
    Por qué

    El artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL) dispone que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes; y cada tres meses en los de hasta 5.000 habitantes. Por eso la opción 2 es la correcta (cada dos meses en los municipios de 5.001 a 20.000 habitantes). Las opciones 0, 1 y 3 asignan frecuencias distintas a tramos que no les corresponden.

  93. 93

    ¿Cuántos plenos extraordinarios puede solicitar como máximo un concejal de una Corporación Local al año?

    • A 1.
    • B 3. Correcta
    • C 2.
    • D Ninguno, es competencia del Alcalde.
    Por qué

    El artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL) dispone que las sesiones extraordinarias del Pleno se convocarán a petición de la cuarta parte, como mínimo, de los concejales o, en los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes, de la quinta parte, sin que cada concejal pueda solicitar más de tres al año. Por eso la opción 1 es la correcta. Uno (opción 0), dos (opción 2) o ninguno (opción 3) no son el máximo legal de tres plenos extraordinarios al año por concejal.

  94. 94

    La celebración de un pleno extraordinario de una Corporación Local no podrá demorarse desde su solicitud por más de:

    • A 20 días naturales.
    • B 20 días hábiles.
    • C 15 días naturales.
    • D 15 días hábiles. Correcta
    Por qué

    El artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL) dispone que la celebración del pleno extraordinario solicitado no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde su solicitud. Por eso la opción 3 es la correcta. Los plazos de veinte días naturales (opción 0), veinte días hábiles (opción 1) y quince días naturales (opción 2) no se corresponden con el plazo legal de quince días hábiles.

  95. 95

    Si no se convocase el pleno extraordinario solicitado en el plazo establecido por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 46, este quedará automáticamente convocado:

    • A El décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo. Correcta
    • B El día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.
    • C El quinto día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.
    • D A las 12 horas del día natural siguiente al de la finalización de dicho plazo.
    Por qué

    El artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 (LRBRL) dispone que, si no se convocase el pleno extraordinario solicitado dentro del plazo establecido, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas. Por eso la opción 0 es la correcta. El día hábil siguiente (opción 1), el quinto día hábil (opción 2) y el día natural siguiente (opción 3) no coinciden con la convocatoria automática del décimo día hábil siguiente a las doce horas.

  96. 96

    Según el artículo tres del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, es un ámbito de competencia:

    • A Compartida entre la Unión y los Estados miembros.
    • B Exclusiva de la Unión Europea. Correcta
    • C Exclusiva de los Estados miembros.
    • D Compartida entre los Estados miembros y el Comité Económico y Social Europeo.
    Por qué

    El artículo 3.1.c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro es un ámbito de competencia exclusiva de la Unión. Por eso la opción 1 es la correcta. No es competencia compartida (opción 0), ni exclusiva de los Estados miembros (opción 2), ni compartida con el Comité Económico y Social Europeo (opción 3), que es un órgano consultivo.

  97. 97

    Según el artículo tres del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la conservación de los recursos biológicos marinos es un ámbito de competencia:

    • A Compartida entre la Unión y los Estados miembros.
    • B Exclusiva de los Estados miembros.
    • C Compartida entre los Estados miembros y el Consejo de Agricultura y Pesca.
    • D Exclusiva de la Unión Europea. Correcta
    Por qué

    El artículo 3.1.d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común es un ámbito de competencia exclusiva de la Unión. Por eso la opción 3 es la correcta. No es competencia compartida (opción 0), ni exclusiva de los Estados miembros (opción 1), ni compartida con el Consejo de Agricultura y Pesca (opción 2).

  98. 98

    ¿Cuál es el plazo máximo por el que serán designados el Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal?

    • A 4 años.
    • B 5 años.
    • C 10 años. Correcta
    • D 12 años.
    Por qué

    El artículo 36.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) dispone que el Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal serán designados por un plazo máximo de diez años, incorporándose después, a su elección, a la Fiscalía en la que estuvieren destinados antes o a la de Madrid. Por eso la opción 2 es la correcta. Los plazos de cuatro (opción 0), cinco (opción 1) o doce años (opción 3) no se corresponden con el máximo legal de diez años.

  99. 99

    ¿Quién nombra a los Jueces según la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial?

    • A El Rey.
    • B El Consejo General del Poder Judicial. Correcta
    • C El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
    • D El Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
    Por qué

    El artículo 634.2 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), introducido por la Ley Orgánica 4/2013, dispone que los nombramientos de Jueces se efectuarán por el Consejo General del Poder Judicial mediante Orden. Por eso la opción 1 es la correcta: quien nombra a los Jueces es el Consejo General del Poder Judicial. No los nombra el Rey (opción 0), ni el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (opción 2), ni el Tribunal Superior de Justicia (opción 3).

  100. 100

    Según la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial ¿cómo serán nombrados los Magistrados?

    • A Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
    • B Por Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, refrendado por el Ministro de Justicia. Correcta
    • C Por el Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Ministerio de Justicia.
    • D Por Resolución del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Tribunal Supremo.
    Por qué

    El artículo 634.1 de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), introducido por la Ley Orgánica 4/2013, dispone que adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de Presidentes y Magistrados. Por eso la opción 1 es la correcta. La opción 0 omite la forma de Real Decreto y el refrendo ministerial, y las opciones 2 y 3 atribuyen la propuesta o la forma a órganos distintos de los que la norma designa.

  101. 101

    Es atribución del Ministerio Fiscal:

    • A Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción. Correcta
    • B Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.
    • C Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial.
    • D Velar por el respeto de las instituciones judiciales y de los derechos y libertades derivadas.
    Por qué

    El artículo 3.8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) dispone que corresponde al Ministerio Fiscal mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1, 2 y 3 describen funciones de otros órganos o instituciones (la recepción de quejas, la regulación del Centro de Documentación Judicial o una redacción que no coincide con la función legal).

  102. 102

    Según el artículo cuatro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la protección de los consumidores es un ámbito de competencia:

    • A Compartida entre la Organización Mundial del Comercio y el Centro Europeo del Consumidor.
    • B Exclusiva de los Estados miembros.
    • C Compartida entre la Unión y los Estados miembros. Correcta
    • D Exclusiva de la Unión Europea.
    Por qué

    El artículo 4.2.f) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la protección de los consumidores es un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. Por eso la opción 2 es la correcta. No es competencia de la Organización Mundial del Comercio y el Centro Europeo del Consumidor (opción 0), ni exclusiva de los Estados miembros (opción 1), ni exclusiva de la Unión (opción 3).

  103. 103

    Según el artículo cuatro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la energía es un ámbito de competencia:

    • A Compartida entre la Unión y los Estados miembros. Correcta
    • B Compartida entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de Energía Atómica.
    • C Exclusiva de los Estados miembros.
    • D Exclusiva de la Unión Europea.
    Por qué

    El artículo 4.2.i) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la energía es un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. Por eso la opción 0 es la correcta. Las opciones 1, 2 y 3 (competencias de la CECA y la CEEA, exclusiva de los Estados miembros o exclusiva de la Unión) no se corresponden con la clasificación del artículo 4 TFUE.

  104. 104

    ¿Qué tipo de norma regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional?

    • A Un reglamento.
    • B Una directiva.
    • C Una ley orgánica. Correcta
    • D Un Real Decreto legislativo.
    Por qué

    El artículo 165 de la Constitución Española dispone que una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Por eso la opción 2 es la correcta. No lo regula un reglamento (opción 0), ni una directiva (opción 1, instrumento del Derecho de la Unión), ni un real decreto legislativo (opción 3).

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Preguntas frecuentes

¿De dónde sale el examen de Auxilio Judicial de 2025?

Es el cuadernillo oficial de la convocatoria, publicado por Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes — Tribunal Calificador Único, Cuerpo de Auxilio Judicial (acceso libre) y celebrado el 27 de septiembre de 2025. Reproducimos el texto verbatim (dominio público, artículo 13 del TRLPI).

¿Las respuestas son las oficiales?

Sí. La respuesta correcta de cada pregunta se ha tomado de la plantilla definitiva publicada por el organismo. Las preguntas anuladas por el tribunal aparecen señaladas y no tienen respuesta válida.

¿Cuántas preguntas tiene el examen de Auxilio Judicial?

Este examen consta de 104 preguntas, de las cuales 1 fueron anuladas por el tribunal. Todas las opciones se muestran tal y como figuran en el cuadernillo oficial.

¿Explicáis por qué la respuesta correcta es esa?

Sí en 104 de las 104 preguntas: bajo las opciones encontrarás la justificación con el artículo verificado en el texto consolidado del BOE, y por qué falla el distractor cuando copia otro apartado de la misma norma. Donde el enunciado no cita norma o no hemos podido reproducir su fuente oficial, no hay justificación: preferimos el hueco a inventarla.